El conflicto entre la IndyCar y los organizadores del Gran Premio de Boston parece lejos de resolverse, incluso después de haber cancelado la competencia que iba a llevarse a cabo en septiembre, y que eventualmente fue sustituida por Watkins Glen.

Este miércoles, la organización local, Boston Grand Prix LLC., se declaró en bancarrota y, aunque ellos mismos tomaron la determinación de no llevar a cabo la carrera del 1 al 4 de septiembre, exigen a la categoría y a sus deudores que contribuyan al proceso de devolución del dinero a los aficionados que ya habían comprado un boleto.

De acuerdo con documentos otorgados a la corte local, los promotores liderados por John Casey tienen deudas de casi 9 millones de dólares, incluyendo a más de 4 mil personas que habían adquirido entradas, cuyo monto a cubrir es de 1.6 millones de billetes verdes; entre los acreedores que estaban asociados con ellos están INDYCAR y Firestone, a quienes en total les deben alrededor de 4.5 millones.

Sin embargo, este grupo está cerca de emitir una contrademanda contra la categoría por concepto de “interferencia dolosa”; según medios locales, eso podría ocurrir tan pronto como mañana.

El mismo alcalde de Boston, Martin Walsh, ha pedido públicamente a INDYCAR que intervenga en la situación para poder devolver el dinero a los aficionados, mientras la Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey, aseguró que seguirá con las investigaciones para que se aclare el destino del dinero que falta para cubrir la deuda.

Tanto la página web como las redes sociales del evento han desaparecido.